POLINESIOMANÍA BLOGGER: RAPA NUI: RAPA NUI: ¿CULTURA O CIVILIZACIÓN? ¿Debería tener más autonomía o avanzar hacia la independencia? El derecho a decidir su propio futuro.
Sean bienvenidos, amantes de la historia y de la arqueología del océano Pacífico. En esta ocasión, vamos a hacer un estudio analítico sobre, sí rapa nui debe independizarse o si debe tener más autonomía, desde un enfoque crítico además veremos sus diferencias. Una vez dicho esto, pónganse cómodos: empezamos, porque el saber es poder.
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La complejidad de La cultura Rapa Nui: ¿Cultura o Civilización?
Introducción y definiciones conceptuales: Cultura frente a Civilización
El análisis de las sociedades humanas a lo largo del tiempo requiere el uso de categorías precisas que nos permitan, poder comprender su organización, sus dinámicas internas y su desarrollo tecnológico. En el lenguaje coloquial, los términos cultura y civilización se utilizan frecuentemente como sinónimos intercambiables para denotar sofisticación artística, monumentalidad o trascendencia histórica. Sin embargo, en el ámbito de la antropología, la arqueología y la historia, ambos conceptos obedecen a criterios estructurales e institucionales muy diferenciados que nada tienen que ver con juicios de valor o supuestas escalas de superioridad intelectual. Para poder comprender con un mejor rigor el estatus histórico de Rapa Nui, resulta indispensable establecer primero estas definiciones teóricas fundamentales.
Una cultura abarca la totalidad de las formas de vida, cosmovisión, lengua, tradiciones (orales entre otras) , expresiones artísticas, tecnologías y pautas de organización social compartidas por cualquier grupo humano. Toda sociedad humana posee una cultura, independientemente de su escala demográfica, de su grado de dispersión territorial o de la complejidad de sus instituciones políticas. Una comunidad puede carecer de centros urbanos densamente poblados y de sistemas de escritura formal y, aun así, albergar un acervo cultural sumamente rico, complejo y refinado.
Por el contrario, el concepto clásico de civilización en las ciencias sociales describe un estadio organizativo específico caracterizado por la institucionalización del poder a través de un Estado centralizado. Una civilización exige el cumplimiento de requisitos materiales y burocráticos estrictos:
Que disponga de una urbanización masiva: Esto corresponde a grandes masas de población en ciudades densamente pobladas y diferenciadas del entorno rural.
Que posea un aparato estatal: Un gobierno centralizado, tiene que estar provisto de ejércitos permanentes o semipermanentes, sistemas jurídicos codificados y recaudación fiscal obligatoria que trasciende los vínculos de parentesco.
Estratificación social compleja: Clases sociales rígidas y una división del trabajo a gran escala totalmente independiente de la producción directa de alimentos.
Poser sistemas de escritura utilitarios: Registros escritos de carácter administrativo, contable o legal al servicio de la burocracia estatal.
Al aplicar estas definiciones analíticas al estudio de Rapa Nui, se advierte de inmediato que la sociedad insular ancestral no encaja en el modelo de civilización estatal, sino en el de una cultura de jefatura compleja. Este enfoque no disminuye en absoluto sus inmensas aportaciones históricas, sino que permite explicar con precisión científica y antropológica cómo lograron levantar estatuas colosales y desarrollar una ingeniería singular en el aislamiento del Océano Pacífico sin necesidad de adoptar estructuras de tipo imperial.
El modelo sociopolítico: Jefaturas, linajes y rivalidades entre clanes.
Uno de los aspectos que con mayor frecuencia genera debate al estudiar Rapa Nui es la presencia de una estructura jerárquica encabezada por figuras de autoridad y la existencia de linajes diferenciados. En la sociedad rapanui tradicional existía la figura del Ariki Mau, el rey supremo cuyo linaje afirmaba descender directamente de los dioses fundadores de la isla liderados por el mítico Hotu Matu'a. Asimismo, la población se encontraba dividida en clanes independientes conocidos como mata, los cuales competían de forma constante por el prestigio, el control de los recursos y el favor de los ancestros.
No obstante, la naturaleza del poder político en Rapa Nui difiere radicalmente de la estructura de las civilizaciones continentales, como las de Mesopotamia, Egipto o los Andes centrales. En una civilización de tipo estatal, el soberano detenta el monopolio de la fuerza legítima a través de instituciones coercitivas, un ejército permanente y un cuerpo de funcionarios que ejecutan leyes de carácter universal sobre un territorio unificado. En Rapa Nui, por el contrario, el poder del Ariki Mau era primordialmente de carácter espiritual, genealógico y ceremonial. Su autoridad descansaba sobre el concepto polinésico del mana fuerza o poder sagrado y se regulaba mediante el sistema del tapu prohibiciones de caracter religioso.
El control real de la tierra (el kainga) y de las actividades cotidianas recaía en los jefes locales de cada clan autónomo. No existía un aparato burocrático central ni un sistema de recaudación fiscal que único y universal la isla estaba bajo la administración de los clanes (mata) La dinámica sociopolítica insular se sustentaba en una red compleja, fluida y a menudo conflictiva de alianzas matrimoniales, intercambios económicos y guerras intestinas entre clanes rivales como los clanes del oeste, representados por los Miru, frente a los del este. La lealtad primordial de un individuo nunca estuvo dirigida hacia un Estado abstracto o impersonal, sino hacia su propia familia extendida, por su clan y los santuarios de sus antepasados directos, llamados ahu.
La demografía, el territorio y la ausencia de desarrollo urbano.
Un segundo criterio fundamental para trazar la línea divisoria entre una cultura compleja y una civilización clásica reside en el modelo de asentamiento y la organización espacial del territorio. Las grandes civilizaciones históricas se cimentaron sobre la base de la revolución urbana, un proceso mediante el cual se genera una separación funcional y geográfica tajante entre el campo dedicado de manera intensiva a la producción de excedentaria de alimentos y la ciudad, concebida como el núcleo centralizado del poder político, religioso, comercial y administrativo.
En Rapa Nui, la investigación arqueológica sistemática ha demostrado de manera concluyente que la población ancestral jamás construyó ciudades ni núcleos urbanos centralizados. Los antiguos habitantes vivían distribuidos de manera dispersa a lo largo de las franjas costeras y en las zonas agrícolas del interior insular. Sus viviendas de carácter doméstico, conocidas como hare paenga popularmente denominadas casas-bote por su forma invertida, se agrupaban en pequeñas aldeas familiares vinculadas directamente a las tierras de cultivo o a las plataformas ceremoniales de su clan.
Si bien las famosas plataformas ceremoniales ahu y sus imponentes estatuas moai dominaban el paisaje visual y espiritual de la isla, estas no constituían los suburbios de una gran capital imperial. Funcionaban, por el contrario, como los hitos territoriales y sagrados de una red descentralizada de comunidades autónomas. Cada clan custodiaba su propio tramo de costa y sus propios monumentos, reafirmando su soberanía local frente a los clanes vecinos. La ausencia de murallas defensivas urbanas y de grandes complejos palaciegos o administrativos estatales confirma que la organización territorial rapa nui operaba bajo parámetros tribales de dispersión controlada y autonomía clánica, muy lejos del urbanismo monumental de las civilizaciones fluviales o mesoamericanas.
El enigma del Rongorongo: Escritura ceremonial y mnemotecnia.
La posesión de un sistema de escritura formal ha sido tradicionalmente considerada por la historiografía tradicional como uno de los indicadores clave que consagran a una sociedad como civilización. Las grandes civilizaciones desarrollaron la escritura de forma utilitaria y burocrática, impulsadas por la necesidad imperativa del Estado de llevar registros contables de tributos agrarios, redactar códigos de leyes de cumplimiento obligatorio, administrar vastas redes comerciales y fijar decretos reales destinados a miles de ciudadanos anónimos.
En este contexto, el caso de Rapa Nui resulta extraordinario y objeto de intenso debate científico debido a la existencia del Rongorongo, un sistema de signos incisos sobre tablillas de madera que constituye el único vestigio de escritura en toda la Polinesia oriental. A pesar de los múltiples intentos de desciframiento por parte de lingüistas y epigrafistas, el Rongorongo permanece sin ser traducido de manera concluyente, aunque la tendencia actual de la investigación ofrece claves fundamentales sobre su verdadera naturaleza.
La evidencia arqueológica e histórica apunta a que el Rongorongo no funcionaba como una escritura fonética de uso administrativo, comercial o cotidiano para el conjunto de la población. Su dominio estaba restringido a un grupo selecto de sabios y especialistas conocidos como tangata rongorongo. Las tablillas operaban como un sofisticado sistema mnemotécnico y Ideo-silábico, diseñado no para registrar leyes estatales ni impuestos, sino para servir de soporte mnemónico en la recitación de cantos sagrados, genealogías míticas, cosmogonías y relatos tradicionales vinculados al origen de los clanes. Por consiguiente, la presencia del Rongorongo refleja un nivel altísimo de refinamiento intelectual y simbolismo cultural, pero su función social no respondía a las exigencias burocráticas de una civilización estatal.
La prueba definitiva: Los talleres descentralizados de Rano Raraku.
El argumento más sólido y moderno para comprender la naturaleza sociopolítica de Rapa Nui proviene de los descubrimientos arqueológicos recientes en la cantera principal del volcán Rano Raraku, el sitio donde se esculpían la inmensa mayoría de los moai. Mediante el uso de tecnologías avanzadas de fotogrametría, mapeo tridimensional con drones y análisis espaciales exhaustivos, los arqueólogos han podido examinar la estructura interna de la cantera con un nivel de detalle sin precedentes.
Los resultados de estas investigaciones han transformado radicalmente nuestra comprensión de la ingeniería rapa nui. Si Rapa Nui hubiera sido una civilización de tipo estatal, la producción de sus monumentos habría estado centralizada bajo una planificación imperial estricta: un taller unificado, dirigido por arquitectos reales y operado mediante mano de obra masiva, regimentada o esclavizada, que produjera estatuas estandarizadas bajo una norma gubernamental única.
Sin embargo, el registro arqueológico de Rano Raraku revela una realidad diametralmente opuesta. La cantera se encontraba fragmentada en más de treinta sectores o talleres independientes y perfectamente delimitados. Cada uno de estos frentes de trabajo pertenecía a un clan familiar o gremio específico. Cada grupo extraía su propia roca volcánica, tallaba las estatuas directamente en la roca madre utilizando sus propias herramientas y aplicaba variantes estilísticas y técnicas particulares. La competencia estética y simbólica entre los clanes impulsó la producción de los monumentos. Esta descentralización absoluta demuestra que la ingeniería monumental de los moai no fue el producto de la coacción de un Estado centralizado, sino el resultado de la emulación, la rivalidad y la cooperación flexible entre comunidades tribales soberanas.
Conclusión: La grandeza de una cultura sin Estado
Calificar a la antigua sociedad de Rapa Nui como una cultura de jefatura compleja en lugar de una civilización no demerita en absoluto su historia ni sus colosales logros materiales; por el contrario, exalta con mayor fuerza la capacidad creadora del ser humano. Demuestra que una comunidad insular, situada en uno de los puntos más aislados del planeta, desprovista de metales, de animales de tiro y constreñida por recursos ecológicos sumamente frágiles, fue capaz de alcanzar cotas admirables de sofisticación intelectual, desarrollo astronómico, ingeniería de transporte monumental y técnicas agrícolas avanzadas como el mulch lítico para proteger los suelos de la erosión.
Rapa Nui nos enseña que la magnificencia histórica no depende de la existencia de imperios centralizados, ejércitos permanentes o ciudades amuralladas. Los antiguos rapa nui edificaron su legado universal a través de la cohesión profunda de sus clanes, la fuerza viva de sus tradiciones espirituales y una capacidad de resiliencia extraordinaria frente a su entorno. Reconocerlos como una cultura soberana y compleja permite valorar su pasado con rigor científico, entendiendo que su verdadero esplendor radica precisamente en haber florecido con autonomía e identidad propia en los confines del mundo.
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En los albores del siglo XXI, el recién configurado Parlamento, heredero del Consejo de Ancianos N° 2², re-dibujó una nueva forma de hacer política en Rapa Nui. En su inscripción notarial del mes de agosto de 2001 se estipulaba lo siguiente:
Las constantes irregularidades en las adquisiciones de estas tierras debido en primer lugar a la inexistencia de una normativa justa y reconocedora de los derechos autóctonos y en segundo lugar a la actuación de una autoridad sometida a los límites del Estado como país colonizador hacen necesaria la creación e intervención de este Parlamento, al objeto de que la población nativa pueda conservar su legítima propiedad. Escritura pública de la creación de un movimiento social denominado Parlamento Rapa Nui, 13 de agosto de 2001, Hanga Roa, APRN, 6765-6780.
Las peticiones enunciadas en esta inscripción no dejan entrever las nuevas estrategias que iban a elaborar sus miembros algunos años. Las peticiones enunciadas en esta inscripción no dejan entrever las nuevas estrategias que iban a elaborar sus miembros durante algunos años después y que le dieron protagonismo. Basándose en los precedentes históricos de Rapa Nui, esta entidad buscó crear y establecer alianzas estratégicas con los diferentes organismos de representación autóctonos del Pacífico Sur. Aprovechando un contexto favorable para las reivindicaciones indígenas, cristalizado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, el Parlamento Rapa Nui se inscribió en una tendencia globalizante, en el marco de la cual amplió su retórica anti-colonial y sus lugares de intervención. La cuestión es, rapa nui entraba en una nueva configuración declinada en tres vértices: comunidad, Estado y dimensión internacional.
La construcción de un espacio del Pacífico conjunto
De manera sucinta, se puede mencionar que los pueblos polinesios tuvieron dos causas primordiales de movilización a partir de la segunda mitad del siglo XX. La primera estuvo ligada al escenario militar, pues las principales potencias occidentales usaron los diferentes archipiélagos como sitios de pruebas nucleares desde 1946, por parte de Estados Unidos, hasta 1996, por parte de Francia. Frente a los riesgos de las pruebas atómicas, Fidji y Nueva Zelanda comenzaron a organizarse de manera sistemática a partir de la década de 1970. Como consecuencia, la Asamblea General de la ONU aprobó, en la Resolución 3.477, la creación de una zona libre de armas nucleares en el Pacífico meridional, abogando, además, por una cooperación de los países que tuvieran armas nucleares. En el foro del Pacífico Sur, en Rarotonga, en las islas Cook, se aprobó, en agosto de 1985, el Tratado de Zonas Libres de Armas Nucleares del Pacífico Sur.
El segundo punto de movilización se orientó a la descolonización de los diferentes archipiélagos y la inscripción de algunos de estos en la lista de los territorios autónomos de las Naciones Unidas. Los pueblos originarios de esta región, víctimas de violencias coloniales con tintes nucleares, no solo se respaldaron en el apoyo de las organizaciones internacionales, también crearon mecanismos de lucha desde sus propias agendas.
Linda Tuhiwai Smith (2012) entrega luces respecto de los movimientos de los pueblos originarios del Pacífico. Señala que estos articularon sus reivindicaciones en torno a cuatro ejes: la descolonización, la sanación, la transformación y la movilización. Estos cuatro puntos no eran sólo objetivos, sino que procesos conjuntos que informaban y clarificaban las tensiones locales, regionales y globales (ídem, p. 120). Con el paso del tiempo, Smith, con los diferentes movimientos han desarrollado y compartido un discurso o lenguaje internacional que permite a los activistas indígenas hablar entre ellos más allá de sus diferencias culturales. Cabe mencionar que, en el caso de la Polinesia, se produjo progresivamente, entre todos los archipiélagos, un sentimiento identitario y una historia común.
En ese sentido, Rapa Nui, por cercanía e historia compartida, siempre tuvo respecto de los movimientos de los pueblos originarios del Pacífico. Señala que estos articularon sus reivindicaciones en torno a cuatro ejes: la descolonización, la sanación, la transformación y la movilización. Estos cuatro puntos no eran sólo objetivos, sino procesos conjuntos que informaban y clarificaban las tensiones locales, regionales y globales.
La circulación del saber se fue incrementando con el tiempo y se convirtió en una fuente de inspiración y emulación para los líderes del Parlamento. Y se convirtió en una fuente de inspiración y emulación para los líderes del Parlamento.
Ya en el año 2004, el Parlamento mostraba una voluntad real de establecer lazos y nexos con los archipiélagos vecinos. En el reporte regional del Pacífico presentado por la motarilavoa Hilda Lini, directora del Pacific Concerns Resources Centre (PCRC), se estableció una nueva carta magna de los países de la región. En esta declaración, la directora definía orígenes históricos comunes de los pueblos del Pacífico, a saber: guardianes del océano Pacífico; protectores del medioambiente y la biodiversidad; poseedores de una herencia cultural y de recursos naturales, y guardianes del conocimiento de los pueblos originarios. Por otra parte, identificaba tres categorías del mundo indígena en la región: Rapa Nui entraba en la de Pueblos indígenas viviendo, integración y asimilación.
Según la misma interventora, estos últimos pueblos sufrían el colonialismo, la imposición de las culturas extranjeras y una educación occidental. Esta situación ponía en evidencia los diferentes abusos sufridos por los indígenas del Pacífico y sobre todo, según las Resoluciones Nº 15/14 de 1960, una clara falla del rol político de las Naciones Unidas. En este balance, la expositora subrayaba que el Pacífico, como también el Caribe, eran regiones donde quedaba una importante cantidad de territorios colonizados. Estos pueblos subyugados habían apelado a la Comisión de Derechos Humanos y al Foro Permanente de las Naciones Unidas. De esta forma, el PCRC proponía las siguientes recomendaciones:
Enviar un relator especial para visitar la situación de los derechos fundamentales y las libertades de los pueblos indígenas. Ver las violaciones infligidas por las administraciones
Iniciar un diálogo con el reportero del comité de descolonización y ver la necesidad de inscribir territorios del Pacífico en la lista de 1963, como Papúa Occidental, Polinesia Francesa, Maluku, Ka Pae'aina y Rapa Nui.
Pedir un reporte que comprendiera un verdadero análisis de los pueblos indígenas que viven bajo ocupación colonial y en autodeterminación, como en el caso de Papúa Occidental, Te Ao Maohi, Ka Pae'aina, Maluku, Rapa Nui, Aotearoa, aborígenes de Australia, Islas Torres, Bougainville, Wallis y Futuna y las islas Mariana⁷.
La síntesis establecida por Lini permitía que los otros pueblos concernidos en este informe pudieran hacer valer sus voces. En estas mismas fechas, el Parlamento emitió dos documentos claves para entender esta nueva dimensión internacional, en los que las conexiones con este reporte son evidentes. En primer lugar, el Parlamento integraba el aspecto jurídico internacional con el cual los pueblos polinesios habían obtenido un cierto éxito. La idea de autonomía ya estaba anclada en la visión de la institución rapa nui, así como la potencial desaparición de su cultura. Esto puede apreciarse en la documentación entregada a la Gobernación el 3 de noviembre de 2003.
En segundo lugar, se buscaba establecer una conexión real con los otros pueblos polinésicos que pudiese subsistir en el tiempo. Dichas alianzas eran de orden económico, jurídico y político, y buscaban crear una zona autónoma del Pacífico. Desde un punto de vista internacional, el Parlamento apelaba a una unión entre las diferentes organizaciones de la zona. Esta unificación de los pueblos polinesios demostraba una clara elaboración identitaria regional, en la que se reconocían patrones e historias comunes. Friedman (2003) propone una definición de regionalización como la reidentificación de las áreas subnacionales como grupos culturalmente unificados, que exigen derechos culturales y políticos, los cuales a veces incluyen soberanía. Por su parte, Muñoz (2017) señala que, para los rapa nui, Tahití era y sigue siendo sinónimo de riqueza y prosperidad debido a una conexión temporal que remonta a la venida de los misioneros católicos franceses en el siglo XIX. El imaginario cultural y político El imaginario cultural y político rapanui es tributario de la Polinesia francesa.
Estoy en Ginebra en búsqueda de la justicia, nuestra gente fue agredida brutalmente por la fuerza armada especial de Carabineros e Investigación, en un confrontamiento desproporcional en cuando hemos estado en una protesta pacífica y sin armas. Y es una intimidación más dentro de nuestra trayectoria como rapa nui dueños de sus tierras bajo la subyugación y ocupación del gobierno y Estado de Chile. Estamos cansados de la ineficiencia, intransigencia y discriminación del Estado de Chile que no ha sabido cumplir el tratado entre mi reinado, nuestro rey, en 1888 hasta hoy y el Parlamento Rapa Nui está abriendo un camino para obligar al cumplimiento de este tratado y definir el destino de mi pueblo. (Entrevista con Erity Teave, “Rapa Nui pide autonomía”, 2011)
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Por esta razón, y según esta lectura, el Parlamento Rapa Nui apelaba a nuevos actores que tuviesen un patrón histórico común y objetivos similares. En otras palabras, era desde la tradición rapa nui, pero también polinésica, que el Parlamento podía rechazar las instituciones emanantes del Estado, la Comisión de Desarrollo de Rapa nui (CODEIPA), sus representantes, el gobernador y el alcalde, y su marco legal, la Ley Pascua y la Ley 19.253. Según su construcción histórica, el Parlamento ya existía antes de la firma del Acuerdo de 1888, lo que permitía desmarcarse del Estado dibujando una autonomía previa e impostergable. En 2007, el Parlamento envió un documento a Rex Rumakiek, director asistente de la oficina de descolonización del PCRC en Suva Fiyi. Este documento es extremadamente valioso pues da indicios sobre las participaciones anteriores del Parlamento y de su predecesor, el Consejo de Ancianos No . Establece, además, una síntesis de los dos puntos relativos a las reivindicaciones en el Pacífico esbozadas anteriormente. Establece, además, una síntesis de los dos puntos relativos a las reivindicaciones en el Pacífico esbozadas anteriormente. En la carta se subraya que el 21 de septiembre de 1999 el Consejo de Ancianos Nº 2 había participado en la conferencia del Nuclear Free and Independent Pacific (NFIP) en Arue, Tahiti. En esa ocasión, sus emisarios habían denunciado los abusos del gobierno chileno hacia los rapa nui. El Consejo fue reconocido como miembro del NFIP y durante la conferencia se recomendó la inscripción de Rapa Nui en la lista de los territorios no autónomos. En otras palabras, esta última fue vista como un territorio que debía ser descolonizado. En el mismo documento enviado al PCRC, se destacaba la participación del Parlamento en 2003 en la conferencia de la NFIP en Tonga, donde fue reafirmada la petición de descolonización. Para llevar a cabo esta solicitud, el Parlamento contó con el apoyo de Lorenz Gonschor, quien coordinó los esfuerzos de descolonización en los archipiélagos del Pacífico. Para el Parlamento, el objetivo era establecer un grupo de trabajo similar a los existentes en Papúa Occidental, Nueva Caledonia y Tahiti, los cuales estaban demandando ya a la descolonización en las Naciones Unidas. En 1960 para demostrar que Rapa Nui fue calificaba ampliamente como territorio no autónomo. Según los mismos autores, Chile había impuesto y forzado su integración aprovechándose del aislamiento geográfico y de una cultura diferente. Esta secuencia había generado, en el tiempo, efectos devastadores en los ámbitos cultural, social y económico.
El Parlamento finaliza este documento recalcando que el pueblo rapa nui desea tener la elección entre la independencia o la libre asociación como futuro estatuto político.
Progresivamente, el Parlamento empezó a controlar la discursividad de esta lucha en un marco internacional donde el gobierno chileno fue continuamente emplazado. Un ejemplo de esta situación fue la carta del Parlamento del 19 de mayo de 2008, en la que se denunciaban las tensiones entre el Estado y la comunidad. En esta, la vocera del Parlamento explicaba que habían agotado los medios (instancias de diálogos y acuerdos con el gobierno de Chile) y hacía un recuento de la historia de opresión infligida al pueblo rapanui. Precisaba que en 2002 se conoció el texto original del Convenio (Acuerdo), en el que se enfatiza que Atamu Tekena jamás había entregado la soberanía. En esa misma fecha, el Parlamento presentó un proyecto de autodeterminación. Frente a estas iniciativas, Chile demoró este requerimiento y confió el poder al gobernador en desmedro de las instituciones locales. Como consecuencia de esta indolencia, se pedía a Chile abandonar el territorio insular para que, de esta forma, pudiera convertirse en un país independiente. Esta carta, dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, fue enviada con copia a Gabriel Teri’i Tahi, presidente de la Pacific Islands Association of Non-governmental Organisations (PIANGO).
La participación en los foros de la ONU abre una nueva ventana de participación internacional para el Parlamento Rapa Nui fueron los foros de las Naciones Unidas. El Parlamento prosiguió con su dinámica política buscando otros actores que tuviesen un patrón histórico común y objetivos similares. Estos hicieron un frente común en la Tercera Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU 16, acaecido entre el 10 y el 21 de mayo de 2004 en Nueva York. Cabe destacar la relevancia de las denuncias emitidas por el Parlamento en esta instancia, en las que se enjuiciaba las acciones del Estado chileno en la isla. Estas eran expuestas de la manera siguiente:
1. Rapa Nui necesita un Relator de Derechos Humanos para Rapa Nui, Te Ao Maohi, Hawaii, Papua Occidental y Maluku, para constatar los actos terroristas cometidos por el Gobierno Chileno quien destruyó las casas de dos familias el 16 de Julio del año 2001.
2. Pedimos al Foro Permanente que asesore al Comité de Descolonización de la ONU para que inscriba Rapa Nui, Te Ao Maohi, Hawaii, Papúa Occidental y Maluku, en la lista de territorios no autónomos.
3. El Parlamento Rapa Nui pide al Relator Especial Doctor Stavenhagen que el Estatuto de Autonomía para Rapa Nui sea preparado en Rapa Nui, con la participación del Parlamento y del Consejo de Monumentos Kahu Kahu Ohera y Tu’u Hotu Iti.
4. Que los Estados revisen sus Constituciones y Legislaciones para garantizar a los pueblos originarios sus derechos.
5. Rapa Nui pide al Foro Permanente y a la Comisión de Derechos Humanos abordar el tema de la Soberanía Rapa Nui que no ha sido evaluada ni debatida.
6. El Gobierno de Chile considera que Rapa Nui ha sido integrada, sin embargo, esto no ha sido cierto. No se le ha proporcionado al pueblo el derecho político completo debido a la integración, como se establece en la Resolución 15-14 y 1541 de la Asamblea General de la ONU.
7. Rapa Nui pide al Foro Permanente aconsejar al Gobierno de la República de Chile para evitar los obstáculos políticos relativos a la descolonización de Rapa Nui .
Las peticiones expuestas por el Parlamento estaban directamente relacionadas con la visita del relator especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, en julio de 2003, y con su informe entregado en noviembre del mismo año. Si bien el relator no pudo ir a Rapa Nui, sí se reunió con el alcalde y miembros del Consejo de Ancianos Nº 1, ocasión en que se le señaló los problemas relativos a la adquisición de tierras por parte de chilenos que no eran necesariamente rapa nui. Hacía peligrar su identidad cultural. Sobre estos encuentros debe precisarse que no causaban unanimidad en el seno de la comunidad. En la revista Rongo Rapa Nui, editada por la Gobernación, se comentaba la visita de Stavenhagen enfatizando dos puntos: 1) el “drama de la tierra es un conflicto resuelto en la isla, no así para las etnias americanas” y 2) “la prensa continuará difundiendo los proyectos independentistas que han sido desplazados en cada elección realizada en los últimos años en la Isla denostando a los afanes independentistas” (Rongo Rapa Nui, 2003, p. 1).
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El balance de la primera visita del relator de la ONU a Chile puso en evidencia las dificultades del Estado respecto de las políticas indígenas. Pese a reconocer la buena voluntad de la Concertación de Partidos por la Democracia, que se desmarcó de la dictadura mediante la promulgación de la Ley 19.253, las conclusiones no fueron alentadoras para Chile. En un inicio, Stavenhagen hacía hincapié en que Chile adoptó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros convenios internacionales que garantizaban los derechos humanos de los indígenas. Posteriormente, el Estado chileno respondió a estas demandas señalando que las modificaciones de la Ley 19.253 eran imposibilitadas por el Congreso, que rechazaba todo tipo de reforma. Para este efecto, el relator pedía una agilización del proceso de la reforma constitucional. Para el caso de Rapa Nui, Stavenhagen afirmaba, en sus conclusiones, que “El proyectado estatuto de autonomía de la Isla de Pascua (Rapa Nui) deberá contener garantías de protección de los derechos del pueblo originario Rapa Nui sobre sus tierras, recursos y el respeto a su organización social y vida cultural (2003, p. 19).
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Dentro de un contexto cada vez más favorable para los derechos de los pueblos originarios, simbolizado en la declaración del 13 de septiembre de 2007, el Parlamento volvió nuevamente a la tribuna en el mes de abril de 2008, durante la Séptima Sesión del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. En esta presentación, la vocera del Parlamento se sumaba a Santi Hitorangi, representante del clan Hito. La argumentación del Parlamento aboga en el sentido de la temática de la mesa de ese año 19. Por una parte, la vocera subrayaba que: Descolonización y libre determinación son los objetivos más significativos de nuestros derechos humanos para erradicar el colonialismo, privaciones y otras violaciones. Dicha actitud amenazaba la cultura rapa nui con una probable extinción debido al poco cuidado del Estado. Esta extinción se debía al deterioro y el colapso de la isla, segundo argumento que permitía entender la necesidad de fijar una regulación migratoria. Por otra parte, el Parlamento pedía ser integrado al Seminario de descolonización encabezado por Carlyle Corbin, así como también a la lista de los territorios no autónomos.
En la conclusión de esta presentación, los representantes rapa nui pedían que la ONU y sus agencias respectivas usasen la reciente Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta petición era imperativa para encontrar una salida real a las necesidades de los pueblos originarios. Durante esa misión, los objetivos de Anaya eran ver las ejecuciones de las propuestas de su antecesor, a saber: el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y las reformas constitucionales del Estado. El relator especial, en un comunicado del 9 abril de 2009, hizo un llamado a que: Se lleve a cabo un proceso de consulta sobre la reforma constitucional que sea conforme a las normas internacionales aplicables, incluidas aquellas reconocidas en el Convenio Nº 169 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y que el resultado de la reforma también sea conforme a estas normas. (Anaya, 2009, p. 22)
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Uno de los argumentos claves era que, a pesar de las denuncias de racismo apoyadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD en inglés), el Comité de descolonización había rechazado responder a las diferentes demandas. Frente a estas demoras, la mesa encabezada por la vocera del Parlamento Rapa Nui ilustraba cómo, durante diez años, la Comunidad de los Estados Caribeños (CARICOM en inglés) había denunciado estas situaciones sin consecuencias mayores. En la lectura del Parlamento, este desistimiento era la clara demostración de la permanencia de una actitud colonizadora iniciada desde 1888. Al dirigirse a la presidenta Bachelet, la organización rapanui señalaba que: En la misma Constitución chilena, artículo 19 nº8 se señala el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y en el mismo artículo 19 nº7 la Constitución chilena se asegura a todas las personas el derecho a la libertad personal y a la seguridad personal en consecuencia.
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Desde la firma del Acuerdo de 1888, a juicio del Parlamento, el gobierno chileno nunca cumplió su deber de proteger a los rapa nui. Por esta razón se podía entender la voluntad de querer inscribir a la isla como nuevo territorio a descolonizar. Junto al problema de la autonomía de Rapa Nui, se presentaba conjuntamente el riesgo y el peligro que corría la cultura rapanui. El argumento esbozado era el de la migración elevada y descontrolada hacia a la isla. En la carta enviada al subsecretario Rosende, el Parlamento recalca: Al iniciar la problemática del tema inmigración, es decir el ingreso y permanencia de chilenos continentales en cantidades masivas al territorio de la isla. provocando como resultado inmediato la contaminación ambiental, el desempleo masivo, la sobreexplotación de recursos, la aculturación y la transculturación, entre otros efectos negativos 23.
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Esta idea podría asociarse a lo que el Parlamento hacía saber a la presidenta Bachelet: Las Naciones Unidas han señalado que el año 2010 se pone término a la descolonización y desmilitarización. Con este argumento, la lógica independentista propuesta por los rapa nui cobraba toda su fuerza al buscar protegerse del incumplimiento del Estado. En este sentido, el parlamento se desmarcan de las observaciones optimistas del relator Anaya. En la misiva enviada al subsecretario Rosende se ofrecían nuevos datos con respecto de la organización propia de los indígenas sin tener que pasar por un conducto oficial. La carta detalla lo siguiente: El Parlamento Rapa Nui respaldado por la comunidad Rapa Nui y sus familias y por corporaciones, asociaciones, agrupaciones y otras organizaciones comunitarias Rapa Nui, totalmente independientes del Estado en vista de la insistente falta de voluntad política ha resuelto desplegar una manifestación masiva y pacífica en oposición a todas las medidas ya aludidas próximamente.
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Las tensiones y los abusos de los años 2010 y 2011 dieron una fuerza aún mayor al Parlamento y legitiman su presencia en los escenarios internacionales. Este período brindó una cantidad mayor de documentos, intercambios de cartas y presentaciones en los diversos foros internacionales. Los actos violentos del gobierno, ampliamente difundidos por los diferentes medios de comunicación, evidenciaron, en las diversas escalas local, nacional e internacional, la tensión colonial existente entre los rapanui y la metrópoli. Frente a organizaciones desprestigiadas o cercanas al Estado, el Parlamento pudo afirmarse en primera línea.
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El Parlamento Rapa Nui proseguía con la agenda internacional relativa a los planteamientos regidos por el Comité de Descolonización. Como fue expuesto anteriormente, las tensiones siguieron aumentando en la isla, razón por la cual Rafael Tuki consejero rapanui en CONADI manifestó su descontento a Carlos Llancaqueo, comisionado presidencial para Isla de Rapa nui. En esta carta, Tuki emplazaba al presidente Piñera por su mutismo frente a las misivas enviadas en las que se exponían las temáticas citadas. La argumentación del consejero era notable, pues evidenciaba la falta de compromiso del Estado. Esta primera idea recordaba el argumento ya conocido del cuasi abandono de la isla por parte de Chile. Esta desatención era aún más notoria pues se omitían las violencias y los abusos policiales, a propósito de lo cual Tuki subrayaba la noción de genocidio silencioso. Proseguía, en esta vía, indicando que: El Presidente tiene la oportunidad histórica de revertir esto y transformar la relación de nuestros pueblos en base a justicia y dignidad, respetando nuestro derecho inalienable a la Libre Determinación, derechos que están garantizados en la letra del Tratado de Acuerdos de Voluntades que celebró nuestro pueblo con Chile en 1888, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención sobre la Discriminación Racial, Convenio 169 de la OIT y la Resolución 1514-1541 de la ONU27.
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Violencia y represión del Estado y las acciones del Parlamento Rapa Nui En esa misma fecha, numerosos clanes optaron por recuperar sus espacios tradicionales, pertenecientes ahora a instituciones chilenas. La mayoría de estas ocupaciones fueron desalojadas violentamente por las fuerzas especiales de Carabineros. Uno de estos lugares recuperados correspondía al hotel Hangaroa, propiedad de la familia Schiess, terreno reclamado por el clan Hitorangi (Delsing, 2017). Este espacio fue ocupado por hombres, mujeres y niños, quienes se tomaron en diversas ocasiones el hotel. Las respuestas de las fuerzas policiales fueron desmedidas y provocaron una oleada de críticas al rol del Estado en la isla.
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Es en este tenso clima policial reinante que el 20 de noviembre de 2010 el Parlamento volvió a comunicarse con el poder ejecutivo. El manejo de las discusiones en los foros internacionales más el apoyo de diversas ONG demostraron que el Parlamento se movía con habilidad en los múltiples escenarios. El presidente chileno brindó el mismo año un discurso en las Naciones Unidas. En la Asamblea General, el 23 de septiembre, el mandatario declaró: “Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser una nación multicultural, pero reconocemos que por siglos no hemos dado a nuestros pueblos originarios las verdaderas oportunidades que ellos merecen y necesitan” (Cooperativa, 2010a).
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Es desde este argumento que el Parlamento Rapa Nui emplazó al ejecutivo al denunciar incumplimientos y dilatación por parte del gobierno, lo que entraba en contradicción con la Declaración de los Pueblos en su libre determinación. Para hacer frente a estas faltas, la institución isleña, en el nombre de la Nación Rapa Nui, se veía obligada a luchar por la reivindicación del territorio de acuerdo con la Resolución 1.514-1.541 de la Carta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La violencia policial ligada al desalojo del 3 de diciembre de 2010 movilizó la opinión pública nacional e internacional. Esto trajo como consecuencia directa, por ejemplo, un informe de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU). En ese balance, ofrecido por su presidente Juan Pablo Letelier, se sostenía que: “El Estado chileno está obligado a agotar todas las vías del diálogo y la resolución pacífica de cualquier conflicto que afecte derechos de estos pueblos originarios” (2010, p. 10)
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Los eventos del 3 de diciembre aceleraron la intervención de los diferentes organismos internacionales y el Estado tuvo que dar respuestas. La comunicación de James Anaya, en particular, movilizó a la Misión Chilena en Ginebra (Anaya, 2011). En su declaración al Ejecutivo del 9 de diciembre, el relator especial daba cuenta de la situación y pedía clarificar los hechos relativos a los actos de violencia producto del desalojo. Anaya partía reconociendo que Chile había tenido buena voluntad, destacaba el compromiso firmado el 6 de agosto entre los representantes del Estado y los grupos de trabajo para la isla, relativo a la revisión de los siguientes puntos:
1) La situación de tierras en la isla.
2) El estatuto administrativo especial para la isla.
3) El estatuto legal que regule la migración.
4) La elaboración de un plan de desarrollo integral.
Frente a estas peticiones, el representante permanente de Chile ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Pedro Oyarce, desplegó las potenciales respuestas que debía dar el Estado al relator. Indicaba, en la presentación del documento, que: Nos parece que la preocupación del Relato Especial (RE), conviene analizarla dentro de las acciones que normalmente realiza, en el ámbito de su mandato, cuando se presentan situaciones críticas en un país miembro. Este caso no tiene por el momento el alcance de la temática mapuche.
El 12 de enero de 2011, Anaya recordó al gobierno de Chile que, como signatario del Convenio 169 de la OIT y de otras normas internacionales relevantes, debía respetar el derecho de los clanes rapa nui sobre sus tierras ancestrales. La carta enviada al presidente Piñera por el International Indian Treaty Council (IITC) seguía la misma dirección. En esta misiva, Alberto Saldamando se refería a los desalojos de varios clanes, que seguían protestando por la alienación de sus tierras y territorios ancestrales. Reconocía la obra de James Anaya, pero observaba que el gobierno de Chile, pese a querer buscar un diálogo con los rapa nui, recurre, más bien, al uso de la fuerza. Agregaba que el IITC notaba que Chile siempre había apoyado y votado los derechos indígenas. Por estas razones, y retomando la declaración de la ONU, los postulados del Comité de los Derechos Humanos y del CERD, Chile debía reconocer los derechos de los pueblos indígenas “a determinar su propio desarrollo y requieren que los Estados adquieran el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de que les sean impuestos proyectos de desarrollo.
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El pensamiento de los autores de esta misiva retoma, paso a paso, los diferentes argumentos de la OIT y de la Declaración de los Pueblos Indígenas. Se desprendía de él, en primer lugar, la exigencia de la desmilitarización de la isla. Se denunciaba que Chile la había usado para sus propios fines militares y que había cedido, también, a las presiones de Estados Unidos para reafirmar su poder durante la Guerra Fría. En segundo lugar, se acusaba a la CODEIPA de ser un instrumento del Estado de Chile para lograr sus objetivos colonialistas. Se ahondaba en que esta organización no representaba el principio de organización de los pueblos originarios según los convenios firmados. En tercer lugar, por estas faltas e incumplimientos, el Parlamento Rapa Nui pedía la descolonización. Sus miembros destacan que por reiteradas violaciones de los derechos humanos a los originarios de la Nación Rapa Nui, el Parlamento reafirma las aspiraciones de los jefes por la descolonización, porque Chile no merece tener la potestad sobre esta nación. Con las violencias policiales acaecidas en la isla se dieron las pruebas necesarias para demostrar el carácter colonialista y opresor hacia el pueblo rapa nui del Estado chileno. Es dentro de esta lógica que podía entenderse la denuncia entregada por Erity Teave a la Comisión del CERD en febrero de 2011.
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Rapa Nui en plena sesión y las persecuciones hacia el clan Hitorangi. La vocera incriminar la presión del prominente grupo económico de los Schiess y la injusticia colonialista del sistema gubernamental del gobierno de Chile. Vale la pena detenerse en la segunda parte de la acusación, a saber, la injusticia colonialista del sistema gubernamental. Si bien la vocera reconocía que estas denuncias escapaban del mandato de la Comisión del CERD, ahondaba en los temas urgentes para la situación de la isla:
1 La petición del Parlamento Rapa Nui a la Comisión del CERD era la desmilitarización y que se monitorea el proceso.
2. La propuesta de negociar con Chile, el status quo ante bellum, con la mediación de un país extranjero elegido por Rapa Nui.
3. La formación policial en Rapa Nui, a partir del entrenamiento y la capacitación de gente de la isla para tales cargos.
4. El control de la inmigración a la brevedad posible.
5. La negociación de un gobierno propio de acuerdo con la libre determinación, con base en las Resoluciones 1.514 y 1.541 del Charter de las Naciones Unidas de 1960.
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En este mismo documento, el parlamento explicitaba de igual modo, una continuidad en la dimensión internacional de los diferentes tratados, fijando como punto de partida el de 1888. Los autores rapa nui pedían el respeto al derecho inalienable a la libre determinación, que estaba ya en el espíritu del acuerdo de 1888 y que había sido posteriormente ratificado mediante la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Discriminación Racial y el Convenio 169 de la OIT. En ese mismo tenor, la Comisión del CERD se dirigió al gobierno chileno, un día después, para destacar, entre otros elementos, que los derechos indígenas en Chile no eran considerados en las reformas constitucionales. También llamaba a acelerar el proceso de restitución de las tierras indígenas y a detener las discriminaciones raciales hacia los pueblos originarios. Estas demandas convergieron con la visita de Eni Faleomavaega a Rapa Nui el 21 de marzo. El congresista se reunió inicialmente en Santiago con Alfredo Moreno, ministro de Relaciones Exteriores; Felipe Kast, ministro de Planificación, y Sebastián Donoso, asesor especial para Asuntos Indígenas. En esta misión, Faleomavaega expresó que en la actualidad, las personas y corporaciones no indígenas poseen la mayor parte de la tierra, y el gobierno chileno continúa favoreciendo a las empresas privadas interesadas en explotar la cultura Rapa Nui para obtener beneficios privados en lugar de restaurar la tierra a los Rapa Nui (Faleomavaega, 2011).
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En esta presentación, el asesor especial para Asuntos Indígenas del gobierno de Chile, Sebastián Donoso, buscó mostrar la buena voluntad del gobierno chileno frente a las problemáticas de los pueblos originarios y en especial con el pueblo rapanui. En su tribuna, sostenía que el gobierno de Chile se encontraba iniciando una importante consulta sobre institucionalidad indígena según lo establecido por el Convenio 169 de la OIT y las diversas propuestas del relator especial Anaya. Esta consulta tocaba tres puntos clave, a saber:
1 El proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
2 Los proyectos de ley que crearán la Agencia de Desarrollo Indígena y el Consejo de Pueblos Indígenas, instituciones ambas que están llamadas a perfeccionar la institucionalidad de nuestro país en relación con los pueblos indígenas.
3.El procedimiento permanente que regule la participación y consulta establecida en el Convenio 169 de la OIT respecto a las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles directamente.
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Durante el Foro de las Naciones Unidas de 2011 se adoptó, entre los mecanismos de los expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, un tema clave que venía a respaldar las acciones del Parlamento. Se estableció así una mesa de trabajo para el desarrollo de un estudio sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones. El Parlamento participó activamente en estas mesas, lo que le dio la posibilidad de recibir una formación política internacional sobre la capacidad de agenciamiento de los pueblos originarios.
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Por otra parte, el equipo de Indian Law se reunió con miembros del gobierno chileno para informarles de la voluntad del pueblo rapa nui y abogar por mejores relaciones entre ellos. El equipo de abogados instaba al gobierno chileno a seguir ciertas recomendaciones e informarles, en un plazo de treinta días, sobre los siguientes puntos:
1) Información detallada sobre la alegada militarización de la isla y su efecto concreto, con ejemplos, sobre el pueblo rapanui en las diversas zonas de la isla.
2) Alegatos específicos relacionados a si el riesgo presunto se estaría dando para una comunidad o clan en particular o para todo el pueblo rapanui.
3) El estado actual del proceso de negociaciones entre el pueblo rapa nui y las autoridades Carta de Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la OEA dirigida a Leonardo Crippa, abogado de Indian Law, 19 de agosto de 2011, Washington, Estados Unidos, APRN, 6511-6513.
Lo postulado por este equipo tuvo profundos ecos en la Undécima Sesión del Foro de los Asuntos Indígenas de la ONU llevada a cabo en 2012. Celebrado entre el 7 y el 18 de mayo, el Foro presentó una serie de recomendaciones estrechamente relacionadas con los últimos sucesos ocurridos en Rapa Nui y en la Araucanía (Indígenas, 2012).
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Recordando el cuarto párrafo del preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Foro Permanente condenaba las tretas jurídicas y políticas de los estados colonizadores para desposeer a los pueblos indígenas de sus tierras. Una de estas, ya citada anteriormente, era la doctrina de la terra nullius, punto de partida de las reivindicaciones del pueblo rapanui. Estas manifestaciones debían ser entendidas, según estas recomendaciones, en el marco de la supuesta supresión de los derechos de los pueblos indígenas. En esa misma ocasión se estableció una mesa de trabajo sobre la descolonización del Pacífico. En el estudio realizado en dicho espacio, Santi Hitorangi Atamu, en nombre de su clan y miembro del Parlamento Rapa Nui, entregó un primer esbozo del caso de la isla. En él sostenía que desde 1946 Chile no había asumido sus obligaciones y no había reconocido a Rapa Nui como un territorio no autónomo. Producto de esta situación, buscaba su admisión en la lista de los territorios no autónomos y unirse a las filas de los hermanos del Pacífico, a saber, Samoa, Polinesia francesa, Guam, Nueva Caledonia, Pitcairn y Tokelau, y trabajaba para crear las condiciones necesarias para la autodeterminación, en concordancia con la Resolución 1.514. En esta línea, proseguía, Chile había violado los mandatos de la Carta de la ONU, capítulo XI, y no había asumido sus responsabilidades para la administración de Rapa Nui. El Estado había fallado, entonces, en torno a dos ítems: con respecto a la cultura, las políticas económicas, sociales y educativas, y en desarrollar una política de autogobierno para Rapa Nui.
Pueblo Rapa nui rechaza a Lavín en la mesa negociadora.
The Clinic Online 15 febrero 2011
Miembros del parlamento de la isla dijeron que no es la persona indicada para discutir en el marco de la mesa de diálogo la reivindicación de tierras ancestrales por los isleños. Esto, luego que se confirmara que el ministro de Educación, Joaquín Lavín, será el encargado de liderar la comitiva del gobierno que llegará el próximo lunes a territorio insular y que además contará con la participación del titular de Obras Públicas, Hernán de Solminihac; de Bienes Nacionales, Catalina Parot; el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores; y el intendente de Valparaíso, Raúl Celis. Mario Tiku, miembro del Parlamento Rapa Nui dijo hoy a radio Cooperativa que el ex alcalde de Las Condes y ex candidato presidencial UDI, no es el idóneo para “liderar este movimiento, porque son temas distintos”. Según señaló Tiku, la comisión que vaya desde el Ejecutivo a negociar con ellos en esa mesa de diálogo es el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, como encargado de seguridad y responsable de la mayor dotación policial en la isla. Eso sí, el rapa dijo comprender si el titular de Interior no quisiera volver, porque no ha cumplido varios de sus anuncios hechos anteriormente para la isla “por ejemplo, en el caso del control migratorio, que no se ha hecho”.
Todo esto se desarrolla después que la semana pasada la jueza Nora Barrientos suspendiera la causa respecto de los delitos de usurpación y violación de morada contra 17 rapa nui, en el marco de los desalojos, y la pronunciación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares a los isleños, frenando el uso de armas y violencia injustifica contra los rapa nui, resguardando la integridad física de los isleños. Todo esto se desarrolla después que la semana pasada la jueza Nora Barrientos suspendiera la causa respecto de los delitos de usurpación y violación de morada contra 17 rapa nuis, en el marco de los desalojos, y la pronunciación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares a los isleños, frenando el uso de armas y violencia injustifica contra los rapa nui, resguardando la integridad física de los isleños.
Rapa Nui: Comisión Interamericana de DD.HH. exige el cese de la violencia por parte del estado chileno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al pueblo indígena Rapa Nui ante los actos de violencia e intimidación que sufren por parte de la fuerza pública en el marco de manifestaciones y desalojos en la Isla de Rapa nui, en Chile.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explicó hoy que concedió las medidas el pasado día 7 y en respuesta a una solicitud que alegaba que la vida y la integridad del pueblo Rapa Nui estaban en riesgo por estos actos violentos. La CIDH solicitó al Estado de Chile que ordene inmediatamente el cese del uso de la violencia armada en la ejecución de acciones estatales administrativas o judiciales contra miembros del pueblo Rapa Nui, incluyendo los desalojos de espacios públicos o de propiedad fiscal o privada.
El pasado día 6, el ministro de Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter, advirtió a los habitantes de Isla de Rapa Nui que mantienen ocupados terrenos que consideran ancestrales, de que serán desalojados si no se llega a un acuerdo. Los isleños, que pertenecen a la etnia rapanui, nombre con el que también se conoce a este territorio del Océano Pacífico, reclaman la devolución de terrenos ancestrales que en la actualidad alberga dependencias de organismos estatales. Las ocupaciones comenzaron hace cuatro meses, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera nombró como gobernador a Pedro Edmunds Paoa, quien finalmente renunció el 10 de agosto. Los pascuenses, que habían facilitado tierras para la construcción de edificios públicos, emprendieron estas movilizaciones al conocer que, al parecer, Paoa formaba parte de un grupo económico que supuestamente tenía intenciones de adquirir esos terrenos. Las ocupaciones se tornaron violentas cuando al menos 23 indígenas resultaron heridos y seis personas fueron detenidas tras el desalojo del centro cívico de Hanga Roa, la única localidad de esa remota isla, según informó a Efe Edi Tuki, uno de los familiares de los pascuenses heridos. Tras el desalojo fueron difundidas una serie de fotografías que reflejan el nivel de violencia del enfrentamiento, que será investigado por la Fiscalía militar.
Abogado de Rapa Nui: “Nunca esperé ver cómo actúan las policías y el apoyo político que tienen del Ejecutivo” .
Leonardo Crippa, abogado defensor de los clanes que reivindican tierras en Isla de Rapa Nui, dice que está sorprendido con las medidas que ha tomado el Estado contra los rapa nui y del apoyo político hacia las policías para efectuar esos atropellos. La existencia de víctimas de abuso policial no es un tema novedoso para la Comisión Interamericana, pero me sorprende que existan hasta hoy, dice. Cuando Leonardo Crippa dejó Isla de Rapa Nui en agosto pasado en su primer viaje, se fue con una convicción: conseguir medidas cautelares para prevenir los violentos desalojos, a su juicio, en contra de los clanes que intentan reivindicar sus tierras. Algo que no había conseguido hasta el lunes pasado, 7 de febrero, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió su demanda y obligó a Chile a cesar inmediatamente el uso de la violencia armada contra miembros del pueblo Rapa Nui. “Yo presenté esto en octubre con la idea de que se tomaran medidas en octubre o noviembre, justamente para que no ocurrieran los desalojos colectivos violentos que hubo en diciembre”, explica el abogado argentino del prestigioso Estudio Indian Law Resource Center, especializados en casos de pueblos indígenas.
Leonardo Crippa :
¿Cómo partió tu relación con la isla? Nosotros fuimos requeridos para darles asistencia legal desde enero del año pasado. De ahí vinieron ellos en abril y fui yo a la isla en agosto pasado. Viajé a saber quiénes son los rapa nui, cuáles son sus necesidades legales, la situación por las que ellos atravesaban y qué podíamos hacer nosotros como bufete de abogados. A nosotros nos gusta representar a un pueblo y presentar demandas colectivas, que fue lo que encontramos.
¿Después de tu visita decidieron representarlos? Una de las decisiones que tomamos fue darle una asistencia legal inicial a la nación rapa nui en algo que a nos pareció absolutamente necesario: asegurar que el derecho a la vida y la integridad personal no sean violados por la situación que ya estaban viviendo en ese entonces. En agosto todavía no había desalojos. Empezaron el 9 de septiembre con el clan Hito y eso nos obligó a acelerar la solicitud ante la comisión interamericana. Entre agosto y el 1 de octubre, 28 clanes me enviaron sus poderes para representarlos a nivel internacional. Todo esto para prevenir lo que pasó con posterioridad.
¿Qué te llamó la atención de la isla? Yo desconocía todo. Toda la historia del pueblo rapa nui, Chile como Estado, la cultura rapa nui y fue una impresión bastante grande, pero mi impresión mayor fue la determinación política de los clanes de que una vez por todas se consideren los derechos que ellos tienen como pueblo originario. Que ellos puedan decidir sobre asuntos rapa nui, dentro del marco de la relación que tienen con Chile y que no haya una imposición sobre ellos, política u otros niveles, sin considerar las legítimas demandas que ellos tienen.
¿Te sorprendió esa determinación? Muchísimo, porque nunca estuve en un territorio indígena determinado tan claramente limitado. No había duda de que es un territorio indígena. Había sitios sagrados por todas partes, posesiones, historias. Para mí fue muy fuerte hablar con ancianos, que por la relación nueva que tienen con Chile, de sólo 130 años, son testimonios vivos de lo que ha ocurrido. Desde los ancianos hasta los más jóvenes hablaban el idioma rapa nui, mantenían viva la cultura rapa nui, tienen su sistema de autogobierno por medio de los clanes. Son fuertes, independientes pero conectados entre sí.
¿Qué pasó después del viaje? Noté mucho cansancio del pueblo rapa nui con la forma en que los tratan desde Chile. Eso también fue fuerte para mi, con una historia tan reciente. Mira, las medidas cautelares atienden un fin por un período determinado. La finalidad es prevenir la violación de derechos que están protegidos por la Convención de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Es un tratado ratificado por Chile y la convención tiene competencia para solucionar los conflictos que surgen de ese tratado. Entre ellas, está la obligación de perpetuar derechos y prevenir violaciones. Mientras haya una situación fáctica que amerite protección, esas medidas se van a mantener. Violencia avalada por el Gobierno
¿Cuando hablas de situación fáctica, te refieres a los desalojos o otras actitudes? No es solamente por los desalojos. La planteé porque existen al menos 4 o 5 temas que afectan la integridad de los rapa nui. Entre otras, están la falta de control estatal sobre la inmigración a la isla, la falta de provisión de servicios médicos adecuados a los rapa nui y toda la demás población de la isla. El hospital Hanga Roa carece de elementos y recursos humanos para una atención de salud como la que reciben los chilenos en la parte continental. También había indicios de que iban a existir desalojos colectivos violentos, teniendo presente lo que había pasado en septiembre con el clan Hito, y que habrían ilegalidades potenciales en el marco del desarrollo de esos desalojos.
¿Qué te pareció el actuar de la policía en ellos? Jamás me imaginé que abría la violencia como la que se vió y la persistencia de la política represiva de una actuar policial tan violento contra los rapa nui. Nunca estuvo en mi imaginación ver algo así y fue muy fuerte para mi porque presenté esto en octubre con la idea de que se tomaran medidas ya, en octubre o en noviembre, justamente para que no ocurrieran los desalojos colectivos violentos que hubo en diciembre.
Pero la resolución vino recién ahora Claro. Y todo lo que pasó aparte, porque al margen de los desalojos hay gente que todavía tiene perdigones en el cuerpo y que están buscando atención médica en Tahiti. O algunos rapa nui que están saliendo de la isla para obtener apoyo para ser atendidos bien porque si los envían al hospital Hanga Roa van a ser enviados a un hospital de otra región y se le podrían aplicar leyes penales o leyes antiterroristas y se verían privados de libertad.
Tú buscabas impedir esto con las medidas cautelares Obviamente que como se desarrollaron los acontecimientos el enfoque fue el actuar violento de la policía, de los desalojos llevados a cabo sin orden judicial ni autoridad competente, desalojos llevados a cabo a través de órdenes de cateo y no de desalojo, por ejemplo. Y el discurso político de diálogo con el pueblo rapa nui de Santiago a través de las mesas de trabajo y que los clanes desconocían. Cuando emitieron información sobre eso yo tuve que averiguar, y no fue sorpresivo, que habían mesas de trabajo promovidas por la Vicepresidencia de la República en rapa nui y que los clanes que yo representaba no estaban participando. Que habían negativas para incluir en ellas al clan Hito, por ejemplo. Y que de los 60 días que se dieron como plazo para dar un resultado pasaron muchos más y no hubo resultados. Eso fue un argumento político en el marco del procedimiento de la CIDH con respecto a las medidas cautelares y cuando me tocó afrontar esa realidad para mi fue toda una sorpresa. Nunca esperé ver cómo actúan las policías y el apoyo político que tienen del Ejecutivo y ver cómo en Chile no hay un mecanismo de gobierno encargado de coordinar estos temas.
¿Y cuál fue la respuesta de Chile? Me imagino que hoy con la decisión de la CIDH debe haber toda una revolución interna ministerial porque no existe un organismo así, porque el ministerio de Relaciones Exteriores está recibiendo estas instrucciones y de repente está viendo cómo le da cabida. Y hay un plazo de 10 días en que tienen que presentar un informe. La verdad es que también estoy aprendiendo como el Estado de Chile reacciona a estos temas sin la violencia policial y la justicia militar, en torno a que la existencia de víctimas de abuso policial es un tema no novedoso para la Comisión y para el sistema Interamericano, porque ya hay antecedentes contra Chile por este tema.
El despertar Rapa Nui
Francisco Torrealba - Azkintuwe.org 28-08-2010
En un mes, una decena de familias de Rapa Nui, Isla de Pascua, han ocupado 35 terrenos, la mayoría fiscales, exigiendo su devolución y generándole al gobierno de Sebastian Piñera un escenario similar al del País Mapuche. ¿Quiénes son? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Cuáles son sus historias? "Nua, ya es hora". La madrugada del 27 de julio, Mutta Heronui Hey Tuki entró a la pieza de su tía abuela, Ana Lola Tuki, de 84 años, y la despertó. Se subieron a su camioneta y recorrieron en sólo dos minutos las pocas cuadras que hay entre su casa y la oficina del Ministerio de Bienes Nacionales en el centro de Hanga Roa, la capital de Rapa Nui o Isla de Pascua. Al frente, los carabineros que custodiaban la Gobernación cambiaban la guardia. No pudieron ver como Mutta y su anciana acompañante entraron a la pequeña oficina de madera. De una patada Mutta abrió la puerta, rápidamente entró frazadas, colchones, comida y una imagen de la virgen. Llegaban para quedarse. Con la luz del sol, el resto de los cerca de 4 mil habitantes de la isla vio como en el portón de Bienes Nacionales flameaba una pequeña bandera de Rapa Nui, símbolo de las tomas u ocupaciones y que hoy, a casi un mes, se agitan con fuerza en unos 35 terrenos a lo largo de toda la isla. Museos, las oficinas del BancoEstado, de Entel, la Municipalidad, el Registro Civil, dependencias del Ministerio de Obras Públicas, Sernatur, Extranjería, casas particulares, el lujoso Hotel Hanga Roa y hasta en la pista de aterrizaje del aeropuerto Mataveri cuelgan banderas con leyendas que exigen la devolución de los terrenos. Mutta Hey dice que venía preparándose hace años para esto. Que se aburrió de los abusos del continente y que quiere recuperar para su bisabuela los terrenos que alguna vez fueron de su tatarabuelo Tuko Tuki, el fallecido patriarca del clan. "El Gobierno chileno siempre nos ha discriminado. Dicen que somos ignorantes, que somos flojos, que somos indios. Bueno, nos aburrimos de eso, si ahora quieren conversar que vengan para acá, que den la cara", dice Hey en una de las oficinas donde funcionaba la repartición gubernamental y que ahora es un improvisado dormitorio. Una cuadra más allá de la ocupación de Hey, están los Riroroco Pakarati. Ellos se tomaron una de las plazas del barrio cívico de Hanga Roa. Tai, la vocera del clan, cuenta que sólo tres horas se demoraron en levantar la cabaña que los protege de las intermitentes, pero intensas lluvias que por estos días hay en la isla. Con el busto de Policarpo Toro -el marino que en 1888 anexó la isla a Chile- que adorna la plaza detrás suyo, Tai Riroroco simplifica todo. " A esta altura estoy esperando que me desalojen. Yo sé que una vez más no nos van a escuchar. Pero si nos desalojan, vamos a usar la fuerza. Yo estoy dispuesta a morir por mi tierra", señala enfática.
Lo que más preocupa, como lo reconoce el gobernador interino Jaime Miranda, es el nivel de coordinación que han mostrado las distintas familias y que anticipa una difícil y lenta resolución del conflicto. Por ejemplo, cada vez que aumenta el número de carabineros cerca de algunos terrenos ocupados, inmediatamente los isleños se comunican por radio o celular y a los segundos aparecen cuatro o cinco camionetas con, al menos, seis hombres y un par más a caballo con tenida militar y bototos, personajes que los rapanui conocen como Yorgos. No hay violencia, ni siquiera un cruce de palabras, pero el silencio lo dice todo. Miranda aporta otro antecedente. Dice que han detectado al menos dos miembros de las tomas que habrían estado en la zona mapuche y que habrían replicado en la isla algunas tácticas para la ocupación de terrenos. "Incluso no descartamos -dice Miranda- la presencia de activistas". "Lo que pasa acá es más simple: primera vez en nuestra historia que los isleños nos unimos", dice Hey, descartando ayuda desde la Araucanía, mientras al frente, en la plaza de la Gobernación, se comienzan a reunir los miembros del Parlamento de Rapa Nui. "Zona cero".
Es allí donde, mientras dos DVD tocan música anglo de los 60 en dos televisores distintos uno de ellos LCD, Leviante Araki, presidente del Parlamento Rapa Nui, termina de enrollar un cigarrillo de marihuana. Se sienta en una silla de plástico roja con el logo de Coca Cola. Viste pantalones de camuflaje, una chaqueta verde y luce una larga barba. Se hace acompañar por su ministro de Tierras y Colonización, Santiago Tepano, todo un prócer en Rapa Nui, ya que es hijo de Juan Tepano, el último cacique de la isla. También está Inés Teave, vicepresidenta del Parlamento, además de un miembro de la Comisión de Justicia, al que no le agradan los continentales, así es que se sube a su moto y se va.
Araki asegura estar en sus terrenos, los de sus antepasados. Para ser más preciso, los de su abuelo Tuko Tuki. No habla, más bien grita. A un costado, una cocinilla con una tetera tiznada como carbón hierve a más no poder, tanto que se derrama el agua. Araki se enoja y en rapanui ordena que apaguen el fuego. Le da una bocanada a su cigarrillo, mientras a sólo metros pasa un furgón con carabineros que van a reunirse con el gobernador interino. Araki ni se inmuta. Lleva cuatro meses viviendo en la choza que levantó en la plaza de la Gobernación. El fuerte viento que sopla todo el día en la isla le apaga su cigarrillo. Se vuelve a enojar. Lo prende y comienza un relato que abarca más de 400 años de historia y que termina en una sola conclusión, que suena más bien a advertencia. "Toda esta tierra que tú ves conti, es nuestra, de los rapanui, así es que si el Gobierno nos viene a sacar por la fuerza, nosotros los vamos a sacar a ellos y nos vamos a Oceanía, donde sí se respeta a la etnia, dice y, de paso, culpa al ex gobernador Pedro Edmunds de no haber escuchado a las familias. Caudillo caído.
Acá hay reclamos que son justos. Es verdad que hubo personas, analfabetas, de las que se aprovecharon para quitarles sus tierras. Eso hay que solucionarlo. Pero lo peligroso es que se puede abrir una puerta que va ser imposible de cerrar. Acá hay sinvergüenzas, porque eso es lo que son, que se están aprovechando. En esos casos, el Gobierno va a tener que decir 'no ha lugar', señala. A lo que apunta Edmunds, es que tal como lo reconocen las autoridades vigentes, el problema para el Gobierno está en encontrar una fórmula que permita abordar los casos que tienen sustento ya hay una comisión que está trabajando para recopilar los antecedentes y separarlos de aquellos que se aprovecharon de la coyuntura. Las autoridades locales temen que si aceptan las demandas de todos los que han ocupado terrenos, más adelante pueden aparecer otras familias, exigiendo nuevas reivindicaciones. Y como hasta mediados de 1800 en la isla a diferencia de hoy que sólo está habitada en Hanga Roa había 38 tribus que la ocupaban en su totalidad, pueden surgir voces que aleguen que lugares de alto valor turístico y patrimonial como la playa de Anakena o la zona del volcán Rano Raroku donde se fabricaban los moáis pertenecían a sus ancestros. Edmunds fue de los pocos funcionarios públicos ex Concertación que el Presidente Sebastián Piñera logró fichar en cargos de importancia. Como militante DC fue alcalde de la isla por 16 años hasta 2008. Su pasado político le trajo sus primeros enemigos, ya que los líderes de la Alianza de la isla no le perdonaron a Piñera que no haya buscado entre sus filas a su representante en el ombligo del mundo. Edmunds prefiere no entrar en el tema y se entusiasma al hablar de su sueño de crear una fundación que cautele la sustentabilidad ecológica de la isla. Cree que Rapa Nui debe ser como las Islas Galápagos o como Fernando de Noroña, donde se restringe el acceso a los turistas y hay un plan de cuidado del entorno. Aunque resulte sorprendente, pese a que en 1995 la UNESCO designó a la isla como Patrimonio de la Humanidad, en Rapa Nui no hay un vertedero para procesar los desechos y sólo funciona un botadero casi clandestino, al que, además de decenas de perros vagos, basura y escombros de todo tipo, llegan residuos tóxicos como las baterías de los autos. Tampoco hay alcantarillado y menos una planta de tratamiento de aguas servidas, por lo que se teme que en un plazo no muy lejano se contaminen las napas de aguas subterráneas, de donde se saca el agua potable de la isla. El "Hito" Hanga Roa Tal como Edmunds tiene numerosos seguidores, también tiene muchos detractores. Entre ellos, algunos miembros de la familia Hito, quienes desde el 31 de julio ocupan el Hotel Hanga Roa, uno de los más lujosos de la isla, con fecha de inauguración para el verano. A Edmunds lo acusan de haber avalado la construcción "ilegal" del hotel, e incluso, aseguran en la familia Hito, se asoció con la familia Schiess -propietaria del hotel y sería el dueño del restaurante del complejo. Los Hito, a través de su vocera Marisol Hito , una rapanui que vivió 25 años en el norte de Chile, no se andan con rodeos: quieren que les devuelvan el terreno donde está emplazado el hotel. El lugar no es cualquiera. Está en la avenida Pont, una especie de costanera de Hanga Roa. Tiene una vista paradisíaca del mar y está lo suficientemente cerca del pueblo como para que sus pasajeros puedan visitarlo, pero lo suficientemente lejos como para gozar de una tranquilidad absoluta.
Marisol Hito reclama que su abuela, Verónica Hito, señora de Ricardo Hito, fue estafada por el Gobierno, específicamente la Corfo. Su versión -el hotel se excusó de dar la suya- es más o menos así: Se supone que en 1969 Verónica le cedió los terrenos a la Corfo a cambio de la construcción de una casa y con el compromiso de que cuando ella falleciera debían devolverlos para que se los heredara a su familia. Eso no habría ocurrido y en 1979 la Corfo le vende los terrenos a un particular: Hugo Salas, quien a su vez le vende en 1990 a la hotelera Panamericana, grupo que tras asociarse con la familia Schiess le traspasa el resto de la propiedad, transformándola en los actuales dueños. El principal argumento del clan Hito es que la Ley Indígena y las normas que regulan traspasos de tierra sólo permiten la venta entre rapa nui, por lo que la venta de la Corfo a Salas estaría viciada. También los traspasos posteriores. Nosotros no nos vamos de acá. El ministro Hinzpeter propuso una mesa de trabajo con resultados en 60 días, pero con la condición de que dejáramos la ocupación de nuestros terrenos, y eso no lo vamos aceptar. Si quieren conversar, que vengan, porque si dejamos la ocupación no nos van a solucionar nada, nos van a engañar como siempre", dice Marisol, mientras su tía prepara los colchones para dormir. Mañana será otro día de toma.
ESTO NO LES VA A SALIR GRATIS.
La decisión del Gobierno chileno, ubicado a más de 3 mil kilometros de distancia, y separado por un océano de agua azul y salada, causó molestia entre miembros de la Corporación de Desarrollo de Isla de Rapa nui (Codeipa), lo que provocó que la mitad de sus integrantes optara por suspender el diálogo. "Nos dijeron que pueden actuar Fuerzas Especiales (de Carabineros). Se acabó la negociación por parte nuestra. Con amenazas nosotros no podemos trabajar y detrás de nosotros están los parientes en las tomas, entonces no es posible. Si ellos actúan, vamos a la guerra porque la gente se está preparando ahora. Esto no va a ser gratis", manifestó Raúl Teao, miembro de la Codeipa. Ayer, el gobierno elaboró una propuesta que fue entregada por mano de Celis y el gobernador Pedro Edmunds a los casi treinta clanes Rapa Nui, que hace dos semanas iniciaron la ocupación de terrenos fiscales, demandando la reivindicación de estas tierras.
ISLA DE PASCUA BAJO OCUPACIÓN MILITAR.
El documento, firmado por el vicepresidente Rodrigo Hinzpeter, propone la creación de una mesa de trabajo integrada por los ministerios de Interior, Secretaría General de la Presidencia, Planificación y Bienes Nacionales y las agrupaciones representativas de Rapa Nui, para buscar solución a los temas de las tierras, el estatuto especial de la isla y la regulación de la migración. Además, establece un plazo de 60 días para que la mesa entregue alternativas de solución a los tres temas. Sin embargo, la propuesta establece que sólo se estudiarán soluciones para las familias que depongan las movilizaciones y en caso que no ejerzan nuevas medidas de presión. Le hemos pedido a la gente que haga abandono de los terrenos, esperamos que eso ocurra (...) pero nosotros vamos a hacer uso de la fuerza pública en el mismo momento en que se quebrante el estado de derecho", dijo Celis. LOS DERECHOS RAPA NUI Y LA DES-COLONIZACION.
El Estado de Chile anexó la isla en 1888 en un acto de piratería y se declaró soberano sobre el territorio y propietario de todas las tierras, desconociendo Tratados y derechos, sometiendo al pueblo rapa nui a un régimen colonial. En pleno Bicentenario el pueblo Rapa Nui reclama sus derechos. El pueblo Rapa Nui jamás renunció a la propiedad sobre sus tierras, y jamás ha dejado de ser el propietario de las mismas, y soberano de su Isla, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, a la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT. El envío de tropas de Fuerzas Especiales le resta toda autoridad al estado de Chile, poniendo de manifiesto el régimen de sometimiento colonial. Con la decisión de militarizar Isla de Pascua, el estado de Chile se expone a que se exija la aplicación de las resoluciones de descolonización, por no ser capaz de garantizar los derechos humanos del pueblo anexado. La descolonización de un territorio puede adoptar diversas formas de acuerdo a lo que resuelva el pueblo respectivo: independencia completa, libre asociación a otro estado más respetuoso, régimen de autonomía libremente pactado.
Rapa Nui: Crónica de un genocidio anunciado Alonso Barros - 9 de agosto de 2010 El escalamiento de la violencia en rapa nui que anuncia la prensa, es directa responsabilidad del estado chileno, y amerita una explicación que no sea sesgada. El tema de fondo es la propiedad de la tierra en la isla. Para los que trabajamos en defensa de los derechos humanos de los pueblos e individuos indígenas, es evidente que el Estado chileno incumple sus obligaciones legales nacionales e internacionales en materia de restitución de tierras. La medida extrema del parlamento de Rapa Nui, que amenaza declarar su independencia, es perfectamente justificada, como reacción a la demora culpable y genocida del Estado, que no ha regularizado la propiedad Rapa Nui mediante la entrega de los papeles sobre los terrenos catastrados por el Ministerio de Bienes Nacionales hace 11 años (15 años en el caso atacameños que conozco mejor). Es lamentable además de ridículo que la prensa chilena haga eco de versiones oficialistas al hablar de "tomas ilegales" y de "propiedad fiscal sobre 86% de la isla". Sostener que el Estado chileno es dueño preeminente de los predios superficiales de Rapa Nui es totalitario y genocida, además de aberrante desde el punto de vista jurídico, del derecho civil. Chile sin duda ejerce soberanía sobre la isla, atributo de derecho internacional reconocido por los Estados independientes; pero ¿en virtud de qué derecho se considera el Estado chileno dueño de los predios superficiales, para comportarse luego como un vulgar hacendado? En Rapa Nui, el Estado se comporta como un latifundista usurpador de tierras, porque no tiene un título de propiedad legítimo. Se hace pasar por dueño a través de una ficción jurídica insostenible que se basa en nociones retrógradas de conquista y anexión, que por lo demás y en ningún caso, pueden fundamentar la propiedad privada sobre la tierra. La propiedad rapanui, al igual que cualquier otra propiedad, no es un derecho que emane o deba emanar de la autoridad. Al igual que la propiedad de los otros pueblos indígenas en Chile, la propiedad rapanui se basa en el derecho propio y universal. Por siglos, esta propiedad ha sido discriminada y desestimada con argumentos racistas por intereses venales asociados al Estado. Por una parte, esto atenta contra el derecho a la igualdad y el respeto a la libertad en el trato con los pueblos indígenas.
La propiedad indígena en general y Rapa Nui en particular, constituyen un límite a la soberanía estatal conforme a nuestro ordenamiento constitucional (Art. 5), y con mayor razón tras la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT como Ley de la República el 15 de Septiembre del año 2009. Numerosos fallos de la justicia chilena han venido reconociendo lo que vengo señalando, con un mismo criterio en diferentes regiones. ¿Por qué es tan tozudo el poder ejecutivo? ¿Por qué sigue manteniendo el Estado chileno la mentira de que es dueño de 86% de los predios en Rapa Nui? ¿Qué le impide hacer entrega de los papeles a inscribir en el Conservador de Bienes Raíces, que le den a los rapanui la justa y segura posesión a que tienen derecho, como a cualquier otro chileno? Las últimas y preocupantes informaciones disponibles señalan que el Ministro del Interior Hinzpeter ha dispuesto el envío de Fuerzas Especiales para desalojar a los que mantienen tomas ilegales en la Isla. Para cualquier observador imparcial resulta sorprendente que alguien que por su origen judío debiera tener una sensibilidad especial en materia de crímenes de lesa humanidad, se preste, por el contrario, para ordenar acciones que atentan contra los derechos humanos del pueblo Rapa Nui, y nada menos que en lo referente a un derecho que es esencial a su condición de tal pueblo: la propiedad sobre su territorio, tierras y recursos naturales. Nada le cuesta al Estado entregar, por fin, los papeles sobre las tierras que le pertenecen. Lo mismo digo para el caso de los pueblos Atacameño, Aymara, Colla, Diaguita, Quechua y Mapuche.
Acto de conmemoración del 122° aniversario de la anexión del territorio insular a Chile: Tensión en Isla de Pascua obliga a suspender ceremonia de la Armada Tras el desalojo de la familia Hito desde el Hotel Hanga Roa, grupos rapa nui volvieron a tomarse el inmueble y expulsaron a trabajadores que reconstruyen el establecimiento turístico, paralizando la obra. HERNÁN CISTERNAS - EM 2010. La radicalización de posturas en el territorio insular, que se agudizó el martes con el desalojo por parte de Carabineros de la toma del Hotel Hanga Roa, obligó al Gobierno a suspender el acto que hoy se iba a efectuar en Isla de Rapa nui en conmemoración del 122° aniversario de su anexión a Chile, y que era encabezado por la Armada. Según se informó desde la Intendencia de Valparaíso, la decisión se adoptó por recomendación de la recién asumida gobernadora de la isla, Carmen Cardinali Paoa, ya que el ambiente en la zona no era propicio para el acto, lo que fue respaldado por el intendente, Raúl Celis. Para participar en el tradicional desfile que se realiza en esta fecha ya habían arribado a la isla la fragata Almirante Lynch, la barcaza Rancagua y el patrullero Policarpo Toro. La gobernadora Cardinali agregó que ante la contingencia en la isla tampoco desfilarán los tres colegios pascuenses, como era costumbre. Además, la plaza donde habitualmente se hace la ceremonia está tomada. La única ceremonia militar que se realizará hoy será la entrega del pabellón de combate al patrullero Policarpo Toro, por parte del Consejo de Ancianos y el municipio local. El acto se efectuará a bordo de la nave. El conflicto en la isla se mantiene. Como reacción al desalojo de la familia Hito desde el Hotel Hanga Roa el martes, grupos rapa nui expulsaron del lugar a los empleados y obreros que trabajaban en la construcción y transformación del recinto, lo que obligó a paralizar la obra. La familia Hito aseguró que sólo negociarán con los dueños del hotel -la familia Schiess- y con autoridades del nivel central. El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, irá el domingo a la isla para tratar la regulación de la migración y las reclamaciones de tierras. En las próximas horas viajará también la familia Schiess. Cardinali reconoció ayer que en los tres días en el cargo su tarea más dura ha sido tranquilizar las aguas, en particular tras el desalojo del Hotel Hanga Roa.
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Conclusión:
De hecho, la propia documentación analizada nos muestra que muchas reivindicaciones históricas estuvieron vinculadas a la obtención de mayores espacios de autogobierno, a la creación de estatutos de autonomía y a la protección efectiva de los derechos territoriales y culturales. Incluso cuando determinados sectores defendieron opciones más radicales, las demandas concretas solían centrarse en mecanismos de participación, reconocimiento político, control territorial, regulación migratoria y capacidad de decisión local. Por ello, no sería adecuado interpretar automáticamente todas las reivindicaciones relacionadas con la autodeterminación como una demanda de independencia.
Este punto resulta fundamental para comprender la situación actual de Rapa Nui. La autonomía y la independencia están relacionadas, pero no son conceptos equivalentes. La primera supone ampliar la capacidad de decisión de un territorio o de un pueblo dentro de un estado, mientras que la segunda implica la creación de una entidad soberana separada. Entre ambas existen, además, diferentes grados y fórmulas de relación política que pueden permitir a un pueblo aumentar considerablemente su capacidad de autogobierno sin necesariamente constituirse como un Estado independiente.
La confusión entre ambos conceptos puede explicarse, en parte, porque en el lenguaje cotidiano la palabra independencia se utiliza con un significado más amplio que en el ámbito político y jurídico. Una persona puede afirmar que quiere que Rapa Nui sea más independiente porque considera que la población local debería poder tomar más decisiones sobre su territorio, sus recursos, su cultura o sus políticas internas. Sin embargo, esto no significa necesariamente que defienda la independencia política de Chile. En este sentido, hablar de una mayor independencia puede significar, en determinados contextos, reclamar una mayor autonomía.
La diferencia se vuelve especialmente clara cuando se analiza el concepto de autodeterminación. La autodeterminación consiste en la capacidad de un pueblo para decidir libremente sobre su condición política y sobre su desarrollo económico, social y cultural. Por lo tanto, la autodeterminación no conduce necesariamente a la independencia. Un pueblo puede ejercer su derecho a la autodeterminación optando por permanecer dentro de un estado, pero estableciendo una relación política diferente basada en la autonomía, el autogobierno o la descentralización.
En el caso de Rapa Nui, esta distinción permite comprender mejor unas reivindicaciones que, en numerosos momentos, han buscado precisamente una relación diferente con Chile. El objetivo no tiene por qué ser necesariamente la ruptura, sino conseguir que la población rapanui tenga una participación mucho mayor en aquellas decisiones que afectan directamente a su territorio y a su forma de vida.
Uno de los ejemplos más claros se encuentra en las demandas relacionadas con la tierra. La cuestión territorial no constituye simplemente un problema económico o administrativo, sino que está estrechamente vinculada con la identidad histórica y cultural del pueblo rapa nui. Para una sociedad cuya organización tradicional estuvo profundamente vinculada al territorio, la pérdida o el control externo de las tierras ancestrales puede percibirse como una amenaza directa a la continuidad cultural.
Algo parecido ocurre con la cuestión migratoria. El reducido tamaño de la isla hace que el crecimiento de la población tenga consecuencias particularmente importantes sobre los recursos, los residuos, la vivienda, el territorio y los servicios públicos. Por ello, la demanda de un mayor control sobre quién puede establecerse permanentemente en Rapa Nui no debería interpretarse únicamente como una cuestión administrativa, sino también como una preocupación relacionada con la capacidad de la comunidad para garantizar la sostenibilidad de su territorio y preservar su identidad.
La protección cultural constituye otro de los grandes elementos de esta cuestión. La lengua rapa nui, las tradiciones, las formas de organización comunitaria y la memoria histórica forman parte de un patrimonio que no puede conservarse únicamente mediante la protección de monumentos arqueológicos. Preservar Rapa Nui significa también garantizar que el pueblo rapa nui pueda continuar transmitiendo sus conocimientos, sus costumbres y su identidad a las generaciones futuras.
Por este motivo, una mayor autonomía efectiva podría constituir una herramienta especialmente importante. Si las instituciones locales dispusieran de mayores competencias sobre educación, cultura, territorio, patrimonio, medio ambiente o determinadas cuestiones migratorias, podrían desarrollar políticas mucho más adaptadas a las características específicas de la isla.
Sin embargo, también sería necesario evitar que la autonomía se convirtiera únicamente en una figura administrativa sin capacidad real. No bastaría con crear un estatuto especial si las decisiones fundamentales continuarán dependiendo casi completamente de instituciones externas. Una autonomía verdaderamente efectiva tendría que implicar competencias concretas, recursos suficientes y mecanismos de representación que permitieran a la población rapanui participar de manera real en la toma de decisiones.
En este sentido, el debate sobre la autonomía también plantea una cuestión de confianza. Durante décadas han existido conflictos entre determinados sectores rapa nui y el Estado chileno relacionados con la gestión del territorio, la representación política y el reconocimiento de determinados derechos históricos. Por ello, cualquier nuevo modelo de relación tendría que construirse mediante un diálogo profundo y no únicamente mediante decisiones adoptadas unilateralmente desde las instituciones estatales.
Esto es particularmente importante porque el propio concepto de autogobierno pierde parte de su significado si la comunidad no participa de manera efectiva en la definición de las competencias que va a ejercer. La autonomía debería surgir de un acuerdo político basado en el reconocimiento mutuo y en la voluntad de las partes, y no limitarse a una transferencia administrativa decidida desde fuera.
Ahora bien, reconocer la importancia de la autonomía no significa afirmar que la independencia haya desaparecido completamente del debate rapa nui. A lo largo de las últimas décadas, determinados líderes, organizaciones y sectores de la población han planteado la independencia o la soberanía como una posibilidad. Esta posición debe ser reconocida para evitar presentar una imagen excesivamente homogénea de la sociedad rapanui.
La existencia de estas posiciones demuestra precisamente que el debate sobre el futuro político de Rapa Nui continúa abierto. Algunas personas pueden considerar que una autonomía profunda dentro de Chile sería suficiente para garantizar los derechos del pueblo rapa nui, mientras que otras pueden entender que las experiencias históricas de la isla justifican una relación política todavía más independiente. Entre ambas posiciones existen, además, diferentes propuestas intermedias.
Por tanto, no puede hablarse de una única opinión rapanui sobre esta cuestión. La comunidad no constituye un bloque político uniforme y, como ocurre en cualquier sociedad, existen diferentes perspectivas sobre la manera más adecuada de proteger sus intereses. Lo que sí puede observarse es la importancia que tienen las reivindicaciones relacionadas con el territorio, la cultura, el autogobierno y la capacidad de decisión local.
Esta diversidad también permite comprender por qué algunas declaraciones sobre la independencia pueden parecer contradictorias. Un representante puede considerar personalmente que la autonomía es la mejor solución y, al mismo tiempo, aceptar que la independencia constituye una posibilidad que debería poder ser discutida por el conjunto del pueblo. No existe necesariamente una contradicción entre ambas posiciones, porque una se refiere a la solución política que se considera más adecuada y la otra al derecho de la comunidad a decidir sobre su futuro.
De esta forma, la cuestión fundamental no debería plantearse únicamente en términos de independencia sí o independencia no. Una formulación más adecuada sería preguntarse qué grado de autonomía y de autogobierno necesita Rapa Nui para garantizar la continuidad de su cultura, proteger su territorio y participar de manera efectiva en las decisiones que afectan a su futuro.
Esta pregunta permite además introducir una reflexión sobre la viabilidad de una eventual independencia. Desde un punto de vista teórico, la creación de un Estado rapanui independiente podría imaginarse como una forma de alcanzar la máxima soberanía política. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, implicaría asumir responsabilidades y dificultades considerables.
Rapa Nui es un territorio geográficamente aislado, con una población relativamente reducida y situado a miles de kilómetros del continente sudamericano. Su economía mantiene importantes vínculos con Chile y con el turismo internacional, mientras que numerosos servicios, infraestructuras y mecanismos logísticos dependen de conexiones externas. La creación de un Estado independiente obligaría, por tanto, a establecer nuevas estructuras económicas, administrativas, diplomáticas y de seguridad.
Esto no significa que una eventual independencia sea imposible por definición, sino que permite comprender por qué resulta mucho más compleja que la simple creación de una nueva bandera o de un nuevo gobierno. La independencia política no elimina automáticamente las dificultades económicas, geográficas o sociales de un territorio. De hecho, un Estado pequeño y aislado podría continuar dependiendo de otros países para numerosas cuestiones esenciales.
Por esta razón, la idea de una independencia absoluta puede resultar atractiva desde el punto de vista simbólico, pero presenta dificultades prácticas que no deberían ignorarse. Una cosa es defender la soberanía como principio político y otra muy diferente determinar cómo funcionará económicamente y administrativamente un Estado rapanui independiente.
Algo similar ocurre con la posibilidad de una gran unión política de los pueblos polinesios. La existencia de una identidad cultural compartida entre diferentes sociedades del Pacífico constituye un elemento de gran importancia. Los vínculos lingüísticos, históricos, culturales y familiares permiten hablar de una comunidad polinesia mucho más amplia que las fronteras políticas actuales.
Sin embargo, transformar esa comunidad cultural en un único estado sería una cuestión completamente diferente. Los diferentes pueblos polinesios se encuentran actualmente integrados en Estados y territorios con situaciones jurídicas muy distintas. Algunos son independientes, otros mantienen diferentes formas de asociación política y otros forman parte de estados de mayor tamaño. Además, existen grandes distancias geográficas entre ellos y diferencias económicas, institucionales y políticas.
Por ello, la creación de una especie de gran estado polinesio, con una bandera común, una capital y una estructura política compartida, puede considerarse una idea interesante desde un punto de vista utópico o idealista, pero resulta difícilmente aplicable a corto plazo. Sería necesario que numerosos pueblos aceptaran voluntariamente renunciar a determinadas competencias soberanas para integrarse en una estructura política común, algo que actualmente parece poco probable.
Esto no significa que la cooperación polinesia carezca de sentido. Todo lo contrario. La cooperación cultural, económica y política entre los pueblos del Pacífico puede constituir una herramienta muy importante para defender intereses comunes, preservar lenguas y tradiciones y aumentar la capacidad de negociación de comunidades que, individualmente, poseen poblaciones relativamente pequeñas.
En este sentido, quizá sea más realista imaginar un futuro en el que Rapa Nui conserve su vínculo político con Chile, pero fortalezca simultáneamente sus relaciones directas con otros pueblos polinesios. De esta manera podría desarrollarse una identidad política y cultural propia sin necesidad de convertirla inmediatamente en un proyecto de Estado independiente.
Esta posibilidad permitiría combinar diferentes dimensiones de la identidad rapanui. Una persona podría ser simultáneamente rapanui, polinesia y chilena sin que esas identidades fueran necesariamente incompatibles. Precisamente uno de los aspectos más interesantes de la historia contemporánea de la isla es la posibilidad de construir una identidad múltiple en la que la pertenencia a Chile no implique la desaparición de la identidad polinesia.
Sin embargo, para que esta convivencia sea realmente posible, el Estado chileno tendría que reconocer de manera mucho más profunda la especificidad de Rapa Nui. No parece suficiente con considerar la isla simplemente como un territorio turístico o arqueológico excepcional. Rapa Nui es también el territorio ancestral de un pueblo con una identidad, una historia y unas instituciones propias.
El reconocimiento de esta realidad debería reflejarse en políticas públicas concretas. La protección del territorio, la gestión sostenible del turismo, la conservación ambiental, la protección de la lengua, la participación política y la regulación de la residencia son cuestiones demasiado importantes como para ser abordadas exclusivamente desde una perspectiva administrativa general.
La solución, por tanto, no debería consistir únicamente en exigir a Rapa Nui que se adapte a un modelo político diseñado para el continente. También debería existir la posibilidad de adaptar determinadas estructuras del Estado a las características particulares de la isla.
De esta forma, la autonomía podría convertirse en un punto de encuentro entre las reivindicaciones rapa nui y la continuidad del estado chileno. Chile mantendría su soberanía internacional, pero Rapa Nui podría disponer de mayores competencias para gobernar sus asuntos internos.
Esto permitiría responder a una de las principales preguntas que aparecen a lo largo de este trabajo: ¿Es necesario independizarse para ser más independiente? La respuesta sería negativa. Un pueblo puede aumentar enormemente su capacidad de decisión sin constituirse necesariamente como un Estado soberano.
Al mismo tiempo, tampoco debe confundirse una autonomía amplia con una independencia encubierta. Si Rapa Nui continuará formando parte de Chile, seguiría existiendo una autoridad estatal superior en determinadas materias. La diferencia estaría en que muchas decisiones que actualmente se toman desde instituciones externas pasarían a depender de órganos locales con legitimidad propia.
Esta distinción es esencial para evitar simplificaciones. La autonomía no significa ser casi independiente en un sentido jurídico estricto, aunque pueda proporcionar un nivel considerable de autogobierno. La independencia, por su parte, no significa automáticamente que una sociedad vaya a ser más capaz de resolver todos sus problemas. Ambas opciones tienen ventajas, dificultades y consecuencias diferentes.
En consecuencia, la cuestión debería analizarse desde una perspectiva pragmática. Si el objetivo principal es proteger la cultura, el territorio y la capacidad de decisión del pueblo rapa nui, habría que valorar primero qué mecanismos pueden garantizar esos objetivos de manera efectiva. Si una autonomía profunda y negociada puede conseguirlo, no necesariamente existiría una razón práctica para avanzar hacia una ruptura completa.
No obstante, esa decisión tampoco debería ser tomada desde fuera. Si en el futuro el pueblo rapa nui considerase que las fórmulas de autonomía resultan insuficientes y quisiera plantear otras alternativas, su posición tendría que ser escuchada y debatida mediante mecanismos democráticos y legítimos.
Por ello, la cuestión más importante no consiste en decidir desde una perspectiva externa qué debería querer Rapa Nui. Consiste en garantizar que Rapa Nui pueda decidir por sí misma qué relación política desea mantener con Chile.
Esta última idea permite recuperar el concepto de autodeterminación y situarlo en el centro de todo el debate. La autodeterminación no debería entenderse exclusivamente como una vía hacia la independencia, sino como la capacidad de un pueblo para participar de manera efectiva en la definición de su propio futuro.
En este sentido, puede afirmarse que la reivindicación rapanui tiene una dimensión profundamente política, pero también cultural y territorial. No se trata únicamente de quién gobierna administrativamente la isla, sino de quién tiene derecho a decidir sobre su tierra, su patrimonio, sus recursos, su población y su identidad.
La historia demuestra que los conflictos más profundos no desaparecen simplemente mediante cambios administrativos. Si no existe reconocimiento, participación y confianza, cualquier nuevo estatuto puede resultar insuficiente. Por el contrario, un modelo basado en el diálogo y en la capacidad efectiva de decisión puede permitir una relación mucho más equilibrada.
Por tanto, el futuro de Rapa Nui podría encontrarse en una fórmula de autonomía real, autogobierno y reconocimiento cultural dentro de un estado plurinacional o especialmente descentralizado, aunque la forma concreta de ese modelo debería ser acordada con el propio pueblo rapanui.
Esta opción parece, desde una perspectiva pragmática, menos utópica que imaginar una unión inmediata de todos los territorios polinesios bajo un único Estado y menos disruptiva que una independencia absoluta. Al mismo tiempo, permitiría abordar muchas de las causas que explican las reivindicaciones políticas existentes.
En definitiva, la historia de Rapa Nui demuestra que la identidad de un pueblo no desaparece simplemente porque cambien las estructuras políticas que lo rodean. La cultura rapanui ha sobrevivido a profundas transformaciones históricas y continúa siendo uno de los elementos fundamentales de la identidad de la isla.
Los moais, los ahu, la lengua, las tradiciones, los relatos y las formas de organización comunitaria constituyen solamente algunas de las expresiones visibles de una identidad mucho más profunda. Proteger Rapa Nui significa, por tanto, proteger no solamente su patrimonio arqueológico, sino también la capacidad del pueblo rapanui para decidir cómo quiere vivir y cómo quiere transmitir su cultura a las generaciones futuras.
La principal conclusión de esta publicación es, por tanto, que Rapa Nui no puede comprenderse únicamente como una isla chilena situada en el Pacífico ni únicamente como un territorio polinesio que aspira necesariamente a independizarse. Es ambas cosas dentro de una realidad histórica mucho más compleja, y precisamente esa complejidad es la que debe ser reconocida.
La autonomía, el autogobierno y la autodeterminación ofrecen diferentes instrumentos para afrontar esta realidad. La independencia constituye otra posibilidad, defendida por determinados sectores, pero no debe confundirse automáticamente con todas las reivindicaciones de mayor soberanía o capacidad de decisión.
La verdadera cuestión no es simplemente quién posee la soberanía formal sobre la isla, sino quién tiene la capacidad efectiva de decidir sobre aquello que resulta esencial para la supervivencia del pueblo rapanui.
Si Chile consigue avanzar hacia una relación basada en el reconocimiento de los derechos territoriales, la participación política, la protección cultural, una gestión adecuada de la migración y una autonomía con competencias reales, podría ser posible construir un modelo en el que Rapa Nui conserve su identidad y aumente considerablemente su capacidad de autogobierno sin necesidad de romper sus vínculos con el Estado chileno.
Pero para que esto sea posible, la autonomía no puede ser únicamente una palabra. Debe convertirse en una realidad institucional, política y económica.
Y, en última instancia, la decisión sobre hasta dónde debe llegar esa autonomía, qué relación debe mantener Rapa Nui con Chile y qué modelo considera adecuado para su futuro corresponde al propio pueblo rapa nui. Ese principio es probablemente el punto de encuentro entre las diferentes posiciones existentes: autonomía, autogobierno, autodeterminación e incluso independencia pueden ser propuestas distintas, pero todas parten de una misma cuestión fundamental: el derecho de un pueblo a participar de manera efectiva en la construcción de su propio futuro.
Así, más que preguntarnos únicamente si Rapa Nui debería independizarse, habría que preguntarnos qué necesita Rapa Nui para no depender de decisiones tomadas exclusivamente desde fuera de la isla. Y la respuesta a esta segunda pregunta puede encontrarse, al menos parcialmente, en una mayor autonomía, en un autogobierno efectivo y en un reconocimiento mucho más profundo de la identidad y los derechos del pueblo rapanui.
Esa puede ser, en definitiva, la diferencia entre una independencia entendida solamente como separación política y una independencia entendida como capacidad real de un pueblo para decidir sobre sí mismo. Y es precisamente en ese espacio donde autonomía, autogobierno y autodeterminación dejan de ser conceptos abstractos y se convierten en elementos fundamentales para comprender el futuro de Rapa Nui.
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Espero que os haya gustado. Os deseo una feliz semana, unas felices vacaciones de verano y nos vemos en próximas publicaciones. Un saludo.
Nature: https://www.nature.com
Science:https://www.science.org
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS):https://www.pnas.org
Archaeology in Oceania:https://onlinelibrary.wiley.com/journal/18344453

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